#ANÁLISIS '¡México apesta! Entre el sarcasmo y la tragedia'

Mar, 21 Nov 2017
¿Qué hacer ante la tragedia de las fosas comunes y los cuerpos sin identificar?
  • Imagen del Semefo de Chilpancingo, Guerrero (Tomada de Proceso).
Por: 
Dra. Ivonne Acuña Murillo*

‘México apesta’ no es una declaración visceral, ni una ofensa deliberada a los símbolos patrios, ni la rasgadura de las vestiduras nacionales, ni el reconocimiento de que en el país todo va mal gracias a la enorme corrupción política, ni una protesta por la candidatura de Kate del Castillo a la Medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que otorga el Senado de la República a las y los ciudadanos más eminentes. Nada más lejano: se trata de la descripción de un hecho, de acuerdo con el cual, de verdad, en México ¡algo apesta!

Hace unos días apareció en medios una noticia que La Jornada en línea, sección Estados, cabeceó así: ‘Trabajadores cierran Fiscalía de Guerrero por olor fétido’.

La nota, firmada por Sergio Ocampo Arista, informó: “Poco más de 500 trabajadores de la Fiscalía del estado (Guerrero) en esta capital (Chilpancingo) desalojaron las instalaciones de la dependencia, debido a que de ellas se desprende “un insoportable olor”, proveniente del área del Servicio Médico Forense (SEMEFO)”.

Hasta ahí la nota no apunta a nada, bien podría tratarse de basura en descomposición, de una fuga de gas, de alguna sustancia tóxica utilizada para ‘mantener a los cadáveres en buen estado’, si ‘en buen estado’, aunque esta frase suene extraña y bien pueda formar parte de una tragicomedia mexicana.

Pero no se trata de eso, el asunto fue ‘algo’ diferente: “Los trabajadores denunciaron que de acuerdo con la información que proporcionó personal del SEMEFO existen al menos 600 cuerpos en dichas instalaciones, muchos de ellos desde 2015”, sin contar a los vivos que ahí laboran, agregaría quien esto escribe. Sí, más vale aclarar, para que luego no se preste a malas interpretaciones y comiencen a correr historias sobre muertos que parecen vivos, vivos que piden los den por muertos (como esos que quieren ser presidentes de la República o gobernadores), y vivos que se pasan de vivos (como uno que otro exgobernador).

Bueno, en todo caso, no hay problema, qué más da si son 100, 300 o 600, y qué importa si están ahí desde 2015 esperando, aunque suene raro que los muertos esperen, a ser reconocidos por sus familiares. Al fin y al cabo, como decían las abuelitas, “hay más tiempo que vida”.

Una frase algo extraña que, sin embargo, en este caso resulta irónica pues, aunque, en efecto, las autoridades del ahora famoso SEMEFO de Chilpancingo se toman su tiempo para hacer las autopsias, tomar muestras de ADN y fotografiar los cuerpos, para llevar un registro que permita a las personas que buscan familiares desaparecidos saber si el cadáver que pasó por ahí (otra vez adjudicándole acciones a los muertos, esto ya parece un thriller de horror), era su hija, padre, hermano, esposa.

Pero la nota sigue: “Los olores se perciben incluso a 50 metros de la sede del SEMEFO. Las trabajadoras han sido las que más han protestado, porque se encuentran en las oficinas administrativas; éstas se quejan de que no tienen aire acondicionado y los olores les llegan en forma directa”. Bueno, ¡el colmo!, ¿qué acaso no pueden las autoridades arreglar el aire acondicionado y terminar con el problema? Me pregunto yo, en un arranque de lucidez extrema.

Pues parece que no, pues las trabajadoras, continúa la nota: “Demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Secretaría de Salud que se reubique el SEMEFO, y advirtieron que no regresarán a sus labores hasta que no se resuelva su demanda. También responsabilizaron a las autoridades de Salud de cualquier enfermedad que pudieran contraer a causa de esta situación”.

¡Cuánta alaraca! ¿De qué enfermedad hablan estas personas? Y en todo caso, si se enferman seguro tienen ISSSTE, no hay manera de suponer, en un país donde las autoridades gubernamentales serían las últimas en violar la ley, que les contratarían sin otorgarles derechos laborales; además, indudablemente se les informó sobre los riesgos de su trabajo ¿o no?

Casi para terminar la nota: “Los trabajadores cerraron las instalaciones de la Fiscalía estatal en espera de que les den una respuesta. Denunciaron que son presionados por sus jefes inmediatos y los agentes del Ministerio Público para que no abandonen su sitio de trabajo”. Y aquí no queda más que preguntarse: ¿Qué esperaban? ¿Acaso pensaron las y los trabajadores que les pagarían sin trabajar? De que hay gente floja la hay. Mira que pretender sacar provecho sólo porque el lugar apesta.

Al final de la nota se lee: “La diferencia entre éstos y el trabajador general es que los funcionarios tienen aire acondicionado, y el resto no”. Y bueno, al final parece que sólo es un asunto de fácil solución: se arregla el aire acondicionado y ya, ¡acabáramos! Y ¿para eso tanto revuelo? Por eso la burocracia tiene mala fama, pero, además, todas y todos en México sabemos que ‘los jefes’ tienen más comodidades, para eso son jefes ¿a poco no? Al fin y al cabo ‘la perrada’ tiene que aguantarse, con mal olor o sin él, aún si la peste se impregna en sus ropas y se llevan el mal olor a sus casas, donde viven con sus familias.

Hasta aquí el sarcasmo, comienza la tragedia.

En la nota no se lee que el ‘olor fétido’ del que se quejan las y los empleados de dicha fiscalía proviene de los cadáveres en descomposición, que por cuestión de ‘sobrecupo’, sí ‘sobrecupo’, entendió usted bien, no es posible mantener en refrigeración dada la capacidad de los contenedores del SEMEFO, que sólo pueden mantener un máximo de 200 cuerpos, por lo que los otros 400 permanecen fuera, donde se puede, en el suelo, incluso en el estacionamiento de la institución.

Una posible solución sería enviarlos a todos a la fosa común y acabado el asunto. Pero el punto aquí es que, como resultado de la lucha de grupos organizados de la sociedad civil que han levantado la voz en favor de que se reconozca el derecho de las personas a reclamar, reconocer y sepultar a sus familiares muertos o asesinados; y, en el mismo sentido, a conocer el paradero de sus desaparecidos, las autoridades no pueden sólo enviar a la fosa común a ‘tanto muerto’ sin darles la oportunidad de ser encontrados por sus familiares.

Vaya dilema. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar para que otros servicios médicos forenses se vean rebasados. Por lo pronto, ya en el mismo Acapulco y en Iguala han visto colmada su capacidad de almacenamiento, y la situación también es crítica dado el número de gente que es asesinada, día tras día.

El hecho causa estremecimiento a quienes aún no nos acostumbramos a que el país sea una enorme fosa común, a que aparezcan cadáveres todos los días en las diversas calles, plazas, desiertos, casas, negocios, transportes… del país; a que los miles de muertos sean concebidos como ‘cuerpos’ en una estadística; a que muchas de las veces no tengan derecho a un nombre, una familia, amistades, origen, vida antes de la muerte; a que no merezcan un trato digno al menos después de su muerte; y a que, ahora, las personas que deben hacer el papeleo y en general a quienes laboran en los semefos en cuestión, tengan que trabajar bajo condiciones insalubres, en un ambiente insoportable y expuestos a contaminarse con las bacterias y sustancias que fluyen de cadáveres en descomposición. Así o más espantoso.

Ya sin sarcasmo, cabe pensar en el camino que sigue este país, hasta ahora no habíamos pensado que algún día el número de personas asesinadas cada día rebasaría la capacidad de los semefos para almacenar los cadáveres, para hacer las autopsias y el papeleo antes de entregar los ‘cuerpos’ a sus familiares o enviarlos a la fosa común.

Esa ley que obliga a tomar los datos antes de deshacerse de los cadáveres está poniendo en evidencia la magnitud de un problema que aún no llega a sus últimas consecuencias, dado que un número incierto de cuerpos están en fosas clandestinas, distribuidas en amplias zonas del país, o son disueltos en ácido o descuartizados. Grave, muy grave problema que al menos dos administraciones federales han querido minimizar.

Primero, Felipe Calderón, quien comenzó una guerra sin proyecto y sin medir las consecuencias de sus actos y que ahora quiere volver a la silla presidencial, vía Margarita Zavala, desconoció cínicamente el problema al hablar de ‘efectos colaterales’ al referirse a las víctimas ‘incidentales’ y al afirmar que “estábamos ganando la guerra contra el narco”.

Después, en la presente administración, el presidente Enrique Peña Nieto asumió que cambiando la percepción de la gente en torno a la violencia disminuyendo su cobertura mediática, el problema pasaría a un segundo término. Sin embargo, ninguna de las dos estrategias ha logrado ‘tapar el sol con un dedo’ y los cadáveres brotan como el agua que escapa de las coladeras, echando por tierra toda maniobra. Y pensar que únicamente alcanzamos a ver la punta del iceberg.

¿Qué otros eventos presenciaremos en este país? ¿Qué más debe pasar para que las autoridades gubernamentales, federales, en especial, se decidan a resolver el enorme problema de violencia e inseguridad que está erosionando la forma de vida de millones de personas, que no sólo son espectadores de este teatro del horror, sino víctimas potenciales?

¿Qué más tiene que pasar para que quien gobierna declare su incapacidad ante la magnitud del desastre y pida ayuda a la ciudadanía y la organice para autoprotegerse, en lugar de pretender resolver, desde su soberbia estatal, un asunto que lo rebasó hace mucho, mucho tiempo?

*La Dra. Ivonne Acuña Murillo es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México


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